9/9/12

Documentos y archivos: 
¿patrimonio de la humanidad?

La Federación de Archiveros de la República Argentina, F.A.R.A. presentará en el X Congreso Argentino de Archivística una moción para que se declare a los Documentos y Archivos en todas sus categorías: Patrimonio de la Humanidad; dicha propuesta nace como resultado de la gran importancia de que los mismos sean custodiados y administrados conforme a su valor que se traduce en los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, que ni más ni menos, sostiene la identidad del hombre.

La moción surge en apoyo a la sugerencia del juez Baltasar Garzón en el último Congreso Internacional de Archivos ICA 2012 de Brisbane, quien expuso las bases de cómo las "comisiones para la verdad" (truth comissions) deberían evaluar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en las cortes de justicia. El título de Garzón ponía en relieve la relación estricta que debería existir entre la documentación gestionada y preservada en archivos y la necesidad de recabar la verdad, impartir y exigir la justícia necesaria y conceder la reparación más ajustada a las víctimas de los crimenes y la injusticia humana. Relacionar archivos, documentos y derechos humanos, para exigir un mundo más justo: una relación fundamental. Propuso considerar a los archivos judiciales como Patrimonio de la Humanidad. (Diplomàtica.com).

Desde Mundo Archivístico, damos apoyo a ésta iniciativa que será presentada por FARA, la cual consideramos una herramienta para poder generar ámbitos de debate sobre las futuras medidas que se han de tomar para poder dar cumplimiento a la importa labor de custodiar nuestra memoria.

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Los archivos españoles y la localización de los desaparecidos en la represión franquista
Antonio González Quintana 

El caso español, en la búsqueda de la verdad sobre su pasado histórico, resulta paradigmático para explicar la trascendencia del archivo por encima de los límites generacionales que corresponderían a los años de la transición política. Las generaciones protagonistas de los grandes cambios vividos en España, entre 1977 y 1996, decidieron no hacer política de gestión del pasado en aras de una supuesta mayor eficacia en el avance democrático, y entonces los archivos, en unos casos, se silenciaron y en otros no se quisieron usar para la exigencia de responsabilidades.

Pasados más de treinta años desde el inicio de la transición española, nuevas generaciones exigen conocer episodios nunca esclarecidos de nuestro pasado cercano, como la localización de los desaparecidos y las atrocidades cometidas en los años de la Guerra Civil y la postguerra. En esa reivindicación, a los archivos les corresponde una parte sustancial de responsabilidad.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidía, a finales del verano de 2008, abrir diligencias previas ante las demandas recibidas en su juzgado reclamando la localización de personas desaparecidas en España durante la Guerra Civil y la posguerra. A partir de esta decisión, y para dilucidar sobre la pertinencia de la admisión a trámite de las demandas, el juez consideró necesario elaborar un censo de desaparecidos. Para ello se dirigió a las administraciones públicas y a las entidades que, como la Iglesia, podían contar en sus respectivos archivos con los documentos que aportaran los datos esenciales para la elaboración de las relaciones particulares que, sumadas, condujeran al mencionado censo.

Recibidas las respuestas pertinentes, en un primer auto (16 de octubre de 2008), el juez se declaraba competente para instruir el sumario. Se abría una de las mayores polémicas jurídicas vividas en los últimos años en España, que finalizaría (nuevo auto del juez Garzón, de fecha 18 de noviembre de 2008) con su inhibición desde la Audiencia Nacional en favor de los juzgados territoriales, correspondientes a los lugares en donde se denuncian las desapariciones.

En todo caso, al margen del debate jurídico, la ya imparable judicialización de la búsqueda de los desaparecidos supone un paso más hacia la averiguación de la verdad sobre la represión que acompañó la construcción del denominado Nuevo Estado, a partir de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que condujo a la Guerra Civil. Al mismo tiempo, viene a constatar el fracaso de las administraciones públicas en su intento por superar, por cauces administrativos, esta asignatura pendiente de la transición política española.

Aunque de sobra conocido, el fenómeno de los desaparecidos de la guerra y posguerra civil españolas no alcanzó, sin embargo, difusión generalizada hasta que Amnistía Internacional incluyó a España entre los países con desapariciones forzadas y se comenzó a hablar, a partir de 2003, del caso español en términos similares a los usados con los desaparecidos de las dictaduras de América Latina. Y es que, a pesar de haber transcurrido ya más de treinta años de la muerte del dictador Franco y casi setenta de la finalización de la Guerra Civil, todavía los españoles no sabemos con certeza el alcance real, en cifras de víctimas de la represión política, tanto la de los primeros momentos, sin juicio ni apariencia alguna de legalidad, como la sistemática y reglada, organizada en torno a los consejos de guerra. Mucho más grave es que miles de ciudadanos carecen de información veraz sobre la ubicación de los restos de sus padres, hermanos, abuelos o amigos, seguramente ejecutados y enterrados de forma anónima y clandestina en fosas comunes a la orilla de algún camino o junto a las tapias de los cementerios, sin proceso ni trámite alguno, lo que los convierte en desaparecidos, al menos formalmente.

La política archivística, contagiada del pactismo que caracterizó la transición política española, asumió también el pacto de silencio implícitamente aceptado por los agentes políticos sobre las atrocidades cometidas en los años 30 y 40. A diferencia de otros países europeos, que salieron de regímenes dictatoriales en los mismos años, en España no hubo juicios ni exigencia de responsabilidades, mientras en Grecia se juzgaba a los “coroneles” y en Portugal se iniciaban los procesos de depuración del salazarismo en los organismos públicos. Así, el silencio de los archivos actuaría como refuerzo de la Ley de Amnistía del año 1977, el de las primeras elecciones democráticas, que sacaba de las cárceles a los opositores del franquismo y permitía el regreso de los exiliados, pero que a la vez dejaba libres de toda responsabilidad a los gobernantes, políticos, militares y altos funcionarios del régimen anterior que hubieran podido cometer cualquier tipo de delito.

En efecto, muchos fondos documentales fueron destruidos o se perdieron; el acceso a otros quedó cerrado por décadas y aún hoy las principales fuentes sobre la represión franquista, al menos las de aquella que se documentó al amparo de ciertas formalidades legales y que se conservan en los archivos de juzgados y tribunales militares, continúan, si no legalmente excluidas de la consulta pública sí al menos en situación de uso casi imposible. Y ello debido tanto a su deplorable estado de conservación, provocado por un abandono de decenios -que alguien podría considerar doloso-, como a la falta de servicios públicos habilitados para su uso: infraestructura y personal principalmente. Lo más dramático es que ninguna administración, de ningún signo político, ha sido capaz de regular estos archivos de la justicia militar que han quedado en el limbo jurídico.

A los archiveros nos gusta recalcar que hacer política archivística no sólo es regular el acceso a los documentos, sino también fijar normativamente las obligaciones de los organismos públicos en cuanto a la conservación de los documentos y a su disponibilidad, de acuerdo con sus valores. Y si nos referimos a los documentos que testimonian la represión política, éstos tienen pleno valor, tanto administrativo como informativo, por cuanto las leyes reparadoras que se han ido elaborando desde el comienzo de la transición democrática los hacen imprescindibles en el aporte de pruebas exigido para obtener indemnizaciones, restitución de bienes incautados o rehabilitaciones públicas; y los datos que suministran son fuente esencial para los trabajos de investigación histórica sobre ese período, lo que justifica su conservación permanente.

España no podía quedar al margen del movimiento universal que los años 90 ha contemplado a favor del conocimiento de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad y genocidio, así como sobre otras atrocidades. Ese movimiento, encauzado a la recuperación de la memoria histórica, en lo cultural, y finalizado, en lo judicial, con la creación en 1998 de la Corte Penal Internacional, haría converger en un solo eje reivindicativo las exigencias de memoria, verdad y justicia.

Tras la experiencia de las comisiones de la verdad iniciadas en Argentina y Chile, y cuyo cenit lo constituiría la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, encabezada por Desmond Tutu; después de la creación de organismos como la fundación Memorial en Rusia o la eclosión de los movimientos “Nunca Más” en América Latina; y la organización de comisiones y organismos de Memoria (Memoria Abierta, Archivos Centros e Institutos de Memoria en Argentina, Polonia, Hungría); todo esto siguiendo el ejemplo de las entidades comprometidas en mantener y difundir la Memoria del Holocausto nazi; en España surgirían, con enorme fuerza, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, prácticamente en todos los rincones del país.

Las actuaciones del propio juez Garzón, en los casos contra Pinochet o contra los dictadores argentinos, seguidas en diferentes países por otros jueces y fiscales, invocando la competencia universal para intervenir en la persecución de criminales acusados de genocidio o de crímenes contra la humanidad, rompieron claramente los límites jurisdiccionales territoriales y temporales, al amparo de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio. Esas acciones convertían en papel mojado las leyes de amnistía, perdón o punto final y en países como Argentina, ante el riesgo de descrédito de una justicia local incapaz de juzgar a “sus” propios asesinos, acabarían declarando la nulidad de las leyes que amparaban la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos.

¿Cómo podía, en estas circunstancias, quedar España al margen de los movimientos por la gestión del pasado? Más aún si tenemos en cuenta la gran influencia del modelo de transición español, considerado por algunos teóricos como modelo de impunidad y amnesia, en las leyes argentinas o chilenas, y en cambio ambos países, bajo las presidencias de Kirchner y Lagos, respectivamente, asumían el reto de conocer la verdad sobre su pasado y desarrollaban no sólo políticas públicas de memoria de gran alcance, sino que iniciaban los juicios penales contra los acusados de violaciones de los derechos humanos, dando por finalizada la etapa impune.

El año 2006 sería, en este contexto, declarado por el Congreso de los Diputados como Año de la Memoria Histórica, y el conocimiento del pasado fue planteado como una de las líneas de actuación del gobierno de Rodríguez Zapatero en su primera legislatura (2004-2008), a la finalización de la cual se promulgaría la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica (Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura).

Sin embargo, todas las buenas intenciones declaradas por el nuevo gobierno no tuvieron su paralelo en el desarrollo de las políticas archivísticas, absolutamente esenciales en toda política de memoria o de gestión del pasado, como han dejado claro en sus informes respectivos los dos expertos comisionados por Naciones Unidas para estudiar y recomendar las actuaciones adecuadas para la lucha contra la impunidad: Louis Joinet (La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos) y Diane Orentlicher (Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad).

Sólo la creación, cargada de polémica, en 2008 del Centro de la Memoria, cuya estructura, carácter y, sobre todo, cuyos futuros fondos documentales no son aún conocidos con claridad, se contabilizaría entre las medidas concretas tomadas por el gobierno español en este sentido. Más bien el nuevo centro parece situarse en una posición intermedia entre un mercado persa (de trueque de documentos sin otro fundamento que las compensaciones políticas entre territorios) y un parque temático en el que vale todo para ilustrar sobre el conocimiento del pasado, desde el documento original de archivo hasta el docudrama, en igualdad de condiciones, lo que inevitablemente hace perder al documento de archivo el valor añadido que le da la contextualización de su procedencia, entendiendo por tal el proceso de formación de los fondos documentales.

Esta idea del parque temático memorialístico, mezcla de museo, biblioteca, centro de documentación y archivo, puede terminar, vistas algunas experiencias poco aleccionadoras, convirtiéndose en uno de los grandes males de los archivos contemporáneos.

En cambio, los grandes fondos militares considerados secretos (en algún caso con documentos de 1905, pero principalmente con muy abundantes conjuntos de documentos del período 1936-1977), continúan esperando su lógica desclasificación y su posterior inmediata apertura a la consulta, y los archivos de tribunales y juzgados militares, como queda dicho, siguen siendo inutilizables, esperando una ubicación adecuada y una entidad u organismo que se haga responsable de ellos.

Todos los grandes esfuerzos por la apertura real de los archivos y su correcta dotación han venido de la sociedad civil, contrario a lo que cabía esperar tras las expuestas declaraciones de intención de los gobernantes. En primer lugar estarían las citadas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, capaces, como en el caso de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, de construir, desde su proyecto “Todos los Nombres”, para su ámbito geográfico, ese censo que ahora reclama el juez Garzón, en el que han trabajado con fuentes públicas y privadas, y para el que han contado con muy escasos medios y con sólo modestas ayudas de la administración.

También Amnistía Internacional ha sido una tenaz voz clamando por la apertura de los archivos y, de forma más amplia, la Coalición Pro Acceso, como plataforma aglutinante de decenas de asociaciones y particulares, se ha convertido, para todos aquellos que llevan años reclamándola, en el cauce fundamental de exigencia de una ley de acceso a la información de la que España carece, lo que la convierte en una de las rarísimas excepciones europeas en la regulación del acceso a los documentos de los organismos públicos.

Algunas asociaciones de archiveros, como Archiveros Españoles en las Administraciones Públicas y Archiveros de Castilla y León, se han sumado también a la exigencia de medidas concretas para impulsar el uso de los archivos como herramienta esencial para acercarse al conocimiento de la verdad y ayudar a la localización de desaparecidos, así como a la rehabilitación y compensación de las víctimas de la represión.

Porque no son necesarias tanto las grandes declaraciones políticas sobre el pasado, usadas muchas veces como arma oportunista de distanciamiento de los rivales políticos o como cortina de humo para distraer la atención de otros problemas económicos o sociales, sino políticas activas concretas.

En primer lugar, en el terreno legislativo se hace imprescindible la Ley de Acceso a la Información que, a pesar del declarado afán del gobierno por conocer el pasado, fue uno de los puntos incumplidos del programa de gobierno del Partido Socialista en la legislatura 2004-2008. Del mismo modo, España no puede seguir careciendo de una Ley de Archivos que regule, de forma clara, el funcionamiento del Sistema Archivístico Español y concrete responsabilidades y competencias.

En segundo lugar, en el terreno de las dotaciones, los grandes archivos generales, en teoría abiertos al ingreso de documentos de la Administración General del Estado que hayan finalizado su tramitación y hayan perdido su uso cotidiano, y se deban mantener temporal o definitivamente bajo custodia de los archivos públicos (fundamentalmente el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional) son incapaces de asumir nuevas transferencias debido a la saturación de sus depósitos. De ahí que sea urgente la ampliación de estas infraestructuras con nuevos depósitos de archivo.


¿QUIÉN ES ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA?

Archivero e historiador español, experto en Archivos de Estado, en la actualidad se desempeña como Subdirector General de Archivos de la Comunidad de Madrid.  Con anterioridad, ha dirigido el Centro de Información Documental de Archivos del Ministerio de Cultura (2005-2007), la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa (1994-2003) y el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca (1986-1994).  Fue Jefe de la Unidad de Archivos y Documentación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa (1994-2003) y Asesor Técnico de Apoyo en el Archivo General del Tribunal de Cuentas (2003-2005). Además de su ejercicio en el sistema de archivos públicos de España, González Quintana destaca en el ámbito internacional por sus contribuciones en el campo de los derechos humanos a través de la ONG “Archiveros sin  Fronteras” y como Presidente del grupo de expertos convocado por UNESCO y el Consejo Internacional de  Archivos, para estudiar los fondos documentales creados por los servicios de seguridad de los desaparecidos  regímenes represivos. 

Como resultado de dicha labor, en 1995 se publicó un primer informe que analiza la situación de ese acervo y formula recomendaciones para garantizar su preservación. Sobre la base de la experiencia acumulada por el Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, el año 2009 se publicó una ampliación de dicho estudio, avanzando de manera significativa en la sistematización de información sobre los archivos de derechos humanos como en su tratamiento, estableciendo los ejes sobre los cuales los países debieran formular políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos.


FALTAN MENOS DE 50  DÍAS  PARA  EL  CENTENARIO

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